• Durante un diálogo regional que convocó a representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, se destacó la importancia de abordar con una mirada regional la problemática del tráfico de vida silvestre como uno de los principales crímenes organizados transnacionales que pone en riesgo la supervivencia de especies silvestres, la dinámica de los ecosistemas y el bienestar humano.

Autoridades responsables de la gestión de la fauna silvestre de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú participaron del diálogo regional “Fortaleciendo las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre en los países Andino - Amazónicos”, un espacio de intercambio de experiencias e identificación de oportunidades de colaboración transnacional en estos países. Este diálogo fue realizado de manera virtual durante el 5 y 6 de noviembre en el marco de los esfuerzos de WCS en la región Andes Amazonía & Orinoquía – AAO para el combate al tráfico de vida silvestre (CTVS), con el financiamiento de la Unión Europea y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE.UU.

Las autoridades participantes representaron a la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Brasil (IBAMA), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (SERFOR). 

Como parte de este encuentro, la coordinadora regional del programa CTVS de WCS, Yovana Murillo, resaltó los esfuerzos emprendidos en cada país y destacó la importancia de la articulación regional para el combate al tráfico de vida silvestre, una amenaza común en la región con impactos a nivel ambiental, económico, de salud pública y seguridad nacional. Asimismo, WCS presentó un alcance general de la evaluación del comercio legal e ilegal de fauna silvestre en estos países, como un insumo para explorar acciones conjuntas que incluyan la adopción de medidas de conservación y gestión más rigurosas para reducir la oferta y demanda ilegal, además de fortalecer acciones de control.

Durante este diálogo regional, países como Bolivia presentaron las diversas acciones que vienen realizando una lucha contra el tráfico de partes de jaguar (Panthera onca), en el que se encuentran involucrados grupos criminales y organizados de ciudadanos de origen asiático, algunos de los cuales ya han sido procesados y cuentan con sentencias, mientras que otros tienen procesos penales activos. Además, se destacó su marco normativo y reformas legales que regulan de manera rigurosa y prohibitiva la importación, comercio, aprovechamiento y consumo de fauna silvestre a nivel nacional, con excepción de las naciones indígenas en respeto a sus derechos tradicionales.

En cuanto a los esfuerzos conjuntos entre países, Miriam Cerdán, representante de SERFOR, mencionó la experiencia de Perú como organizador de la I Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, realizada en octubre de 2019. En este encuentro 21 países firmaron la Declaración de Lima, un compromiso internacional que: reconoce al tráfico de vida silvestre como un delito grave, promueve la colaboración entre países para su control, y declara al jaguar como especie emblemática de las Américas. En este contexto, SERFOR mencionó como un caso positivo de articulación la propuesta presentada por Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, para la de inclusión del jaguar en los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, logrando su aceptación unánime en marzo de 2020.

En relación a la colaboración transfronteriza, se destacó que Colombia y Ecuador cuentan con una estrategia binacional para prevenir y reducir el tráfico de vida silvestre con el apoyo de las autoridades de policía y de frontera, mientras que Perú y Colombia están en el proceso de una iniciativa similar. También, otros países de la región, como Bolivia y Brasil, han mostrado interés en fortalecer el combate a este delito en los territorios vecinos a través de acciones conjuntas de las autoridades.

Como parte del diálogo regional, los representantes de los países andino–amazónicos y los expertos técnicos de WCS, reflexionaron sobre la necesidad de fortalecer el control del comercio legal e ilegal, así como la evaluación de inclusión de otras especies no tan carismáticas como tortugas, anfibios e invertebrados, en los apéndices de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) o en medidas de regulación que permitan elevar su protección. Además, se identificaron algunos desafíos comunes entre los países como el intercambio de información y el uso de métodos estandarizados para un mejor registro y sistematización de datos relacionados al tráfico de vida silvestre en la región, generando la discusión sobre la herramienta SMART[1], la atención al comercio ilegal de especies en medios virtuales (Internet) y la adecuación de los marcos normativos para la atención de los mismos.

Desde WCS, se reafirmó el compromiso de contribución a las acciones lideradas por las autoridades de los países andino-amazónicos para la conservación de la vida silvestre, apoyando el continuo fortalecimiento de la colaboración regional. Estos esfuerzos incluyen retos de implementación de compromisos de la Declaración de Lima, así como los nuevos planteamientos para la II Conferencia de Alto Nivel de Comercio Ilegal de Vida Silvestre en las Américas, a realizarse el próximo año en Colombia, y la Conferencia de las Partes – CoP19 de CITES, a desarrollarse en 2022 en Costa Rica, ya que representan oportunidades para destacar la importancia de acordar acciones conjuntas entre países y abordar en bloque al tráfico de vida silvestre en la región.

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