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En sesión de la Comisión de Justicia y DD.HH. se aprobó, por unanimidad, el predictamen de los proyectos de ley que buscan incluir el tráfico ilegal de especies silvestres como delito en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado.
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Las iniciativas legislativas abordadas fueron las presentadas por los congresistas Héctor Ventura, Edward Málaga y Alfredo Pariona.
Foto: SERFOR
En la sesión realizada el 27 de abril, la comisión de justicia y Derechos Humanos del Congreso Peruano aprobó por unanimidad el predictamen que busca incluir el tráfico ilegal de especies silvestres en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley 3200. Así queda en manos del Pleno del Congreso de la República la decisión final que podría garantizar la protección de la fauna silvestre.
El predictamen aprobado nos permite estar un poco más cerca de contar con mejores condiciones para luchar contra un delito muy nocivo y lucrativo para mafias que operan a nivel nacional e internacional: el tráfico ilegal de especies silvestres, que es el cuarto comercio ilegal más lucrativo del planeta y es considerado como un delito de crimen organizado a nivel internacional. De aprobarse el dictamen que pasará a debate en el Pleno del Congreso sería posible que en nuestro país también se considere el tráfico de vida silvestre como un delito de crimen organizado y así las investigaciones y procesos penales puedan contar con herramientas y condiciones legales, como facilidades para acceder a información financiera, o que equipos especializados puedan participar en el proceso, para condenar esta actividad.
Según las estimaciones de UNEP-Interpol que datan del año 2016, la pesca ilegal tiene un valor económico de hasta US$24,000 millones, mientras que el tráfico ilegal de vida silvestre alcanza a movilizar cifras de hasta US$23,000 millones. Durante la pandemia esta actividad ilegal no ha disminuido.
Foto: Musuk Norlte - WCS
En Perú, la pesca ilegal representa alrededor de US$ 500 millones de dólares anuales, según el Ministerio de la Producción. Asimismo, entre los años 2000 y 2018 se han decomisado más de 80 mil animales silvestres vivos, principalmente provenientes de la Amazonía y de la zona alto andina. Por ello resulta fundamental que el tráfico ilegal de vida silvestre sea incluido en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, para que las autoridades e instituciones pertinentes cuenten con las condiciones necesarias para identificar, investigar y condenar a las personas y organizaciones criminales que realizan esta actividad ilegal.
Este hito en la larga carrera para lograr la protección de nuestra biodiversidad, fue posible gracias al trabajo realizado por organizaciones como Oceana, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Asociación Para El Rescate Y Bienestar De Los Animales (ARBA Perú) y Wildlife Conservation Society - WCS Perú. Esta es una muestra más de que la sociedad civil organizada puede tener un rol decisivo en la conservación y mejora en las capacidades para la gestión desde el Estado. Así también el Proyecto Prevenir que cuenta con el apoyo de USAID, trabaja de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para impulsar esta y otras iniciativas en contra de los delitos ambientales.
El siguiente paso en este proceso es asegurarnos de que el dictamen se ponga pronto en agenda para debate en el pleno del Congreso Peruano y así movilizarnos como sociedad civil para apoyar la aprobación del dictamen.