• La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) indica que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan al ser humano son de origen animal.
• El comercio ilegal, o tráfico, de animales silvestres incrementa el riesgo de trasmisión de enfermedades zoonóticas.

Julie Larsen-WCS

La demanda de animales silvestres, vivos o subproductos, para ser utilizados como mascotas, ornamento, para el consumo o uso medicinal, con frecuencia se suple a través de mercados ilegales.  

Desde el origen hasta el destino final existen condiciones de alto riesgo para la aparición y transmisión de patógenos zoonóticos, es decir, enfermedades que pueden pasar de los animales a las personas. En los mercados ilegales se mezclan animales domésticos y silvestres, y se da un contacto frecuente con sus fluidos corporales (orina, heces), aumentando el potencial para albergar y compartir agentes que causan enfermedades, como lo sucedido en el mercado de animales vivos en Wuhan, China, donde se presume se originó la transferencia de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que dio origen a la enfermedad conocida como COVID–19.

Si bien, el animal huésped que transmitió esta enfermedad a un humano aún no ha sido identificado, es importante reconocer el riesgo que los mercados ilegales representan para la transmisión de enfermedades zoonóticas, que pueden terminar en una pandemia. Desde que fue notificado el primer caso de COVID-19 a finales de diciembre de 2019, y hasta el 08 de abril de 2020, se han reportado más de 1,5 millones de casos positivos y más de 87 mil muertes en 184 países[1].

La rápida transmisión de las enfermedades zoonóticas

Las enfermedades zoonóticas son transmitidas de forma natural entre animales (silvestres y domésticos) y personas a través de la exposición directa o indirecta, por consumo de productos derivados de estos (como carne, leche, huevos, entre otros) o por contacto con su entorno.  

Las oportunidades de transmisión aumentan a medida que las personas tienen mayor contacto con animales silvestres, en particular debido a las alteraciones humanas en las dinámicas naturales de los ecosistemas, o al ser transportados desde su hábitat natural a otro entorno para ser comercializados. Estas alteraciones reducen las barreras naturales entre humanos y animales, creando las condiciones favorables para la propagación de enfermedades zoonóticas[2].

La situación en la región Andes, Amazonía & Orinoquía

Esta región está conformada por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, los cuales comparten la Amazonía. Estos países albergan una cuarta parte de la biodiversidad global, mucha de la cual está en peligro de extinción o es altamente vulnerable, entre otros, debido a que es comercializada ilegalmente. Esto incluye, especialmente, a los animales silvestre -vivos o subproductos- para diversos usos.

Las condiciones climáticas en nuestra región favorecen la proliferación de muchas otras enfermedades poco comunes o inexistentes en otras regiones que son transmitidas por vectores y que afectan al ser humano tales como dengue, chicungunya, zika, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas. Las dinámicas naturales de los agentes infecciosos, sus especies hospederos, reservorios y vectores se ven afectadas por actividades antrópicas como deforestación, expansión de la frontera agrícola, nuevos asentamientos humanos en anteriores zonas boscosas, comercio ilegal de fauna silvestre, entre otros.

Prevención de futuros brotes de enfermedades emergentes como el COVID-19 en el contexto de región de Andes, Amazonía & Orinoquía

El COVID-19 ha generado un escenario nunca antes visto, con los sistemas de salud pública de todos los países a prueba y con grandes afectaciones en la economía global derivados de las medidas de cuarentena y aislamiento social. El interés por detener la fuente de transmisión del COVID-19 hizo que China, el primer país en reportarlo, anunciase en febrero pasado la prohibición de la compra, venta y consumo de animales silvestres.

Los esfuerzos por fortalecer las acciones a favor de la salud pública y la conservación de la biodiversidad deben adoptar el enfoque integral conocido como “Un Planeta, Una Salud, Un Futuro” promovido por el grupo de trabajo de los Principios de Berlín, del cual WCS es parte. Este enfoque destaca la estrecha relación entre seres humanos, animales y el ecosistema, y proporciona orientaciones de reducción de riesgos por zoonosis a través de respuestas multisectoriales, ya que los esfuerzos de un solo sector no pueden prevenir o eliminar los problemas de salud pública. Bajo este enfoque es fundamental implementar acciones con el fin de evitar el incremento de la demanda de ciertas especies en los mercados ilegales y redes - cada vez más organizadas- de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Si bien todavía se desconoce la real dimensión de la problemática del comercio ilegal de especies, es claro que genera un riesgo significativo de transmisión de enfermedades, dado que puede conllevar el hacinamiento y la aglomeración de animales, la mezcla de especies silvestres y domésticas, y el contacto con diversos fluidos y excretas. Estas situaciones se repiten desde la extracción, tránsito hasta la venta final. Adicionalmente, el comercio ilegal contribuye a la extinción de especies y a la pérdida y degradación progresiva de ecosistemas, y, por ende, a la inestabilidad en las comunidades humanas y sus medios de subsistencia.

Ante esto, diversas iniciativas se vienen ejecutando en la región para contrarrestar esta problemática. Una de ellas es la Declaración de Lima, firmada por 20 países en octubre de 2019, como parte de la I Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre. Este compromiso regional cataloga el comercio de vida silvestre como un delito grave y determina que los gobiernos deben afrontarlo a través de la colaboración entre los países, para así desarrollar mecanismos de cooperación más efectivos que permitan su disminución. 

Otra iniciativa es la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiada por la Unión Europea, mediante la cual WCS viene implementando, desde enero de 2019, acciones que busca mejorar el entendimiento de la dinámica del tráfico de vida silvestre, fortalecer las capacidades de las autoridades y la sociedad civil, y promover su involucramiento en las acciones realizadas por las agencias gubernamentales para apoyar el control y aplicación de la ley. Estas acciones estratégicas se desarrollan en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y las zonas de frontera con Brasil.

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