- Han pasado pocos días desde que en Perú se aprobó la Ley No. 31622, gracias a la cual los operadores de justicia del Estado Peruano ahora podrían contar con mejores herramientas para investigar, juzgar y castigar a organizaciones criminales que realizan crímenes ambientales, como tráfico de fauna silvestre y afecta viabilidad de la Amazonía.
A partir de experiencias como la de Perú con la nueva Ley recientemente aprobada, es que en la CoP19 de la CITES, que se realiza desde el 14 al 28 de noviembre en la Ciudad de Panamá, se busca compartir, reflexionar y aprender sobre cómo otros países pueden actuar para resolver problemas similares. En este caso, conocer sobre las implicancias de la reciente aprobación que incluye el tráfico de la vida silvestre dentro de los ámbitos de competencia de la Ley contra el crimen organizado en el Perú.
Con esta nueva ley, Perú se convirtió en el primer país en la región y país megadiverso en el mundo en emprender esta política, de investigar y sancionar este delito con herramientas distintas, que permiten a los operadores de justicia, usar técnicas especiales de investigación, y con penas más severas, que podrían llegar a ser de hasta 20 años de prisión.
El espacio de encuentro fue durante el Side Event EL TRÁFICO ILÍCITO DE VIDA SILVESTRE DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - AVANCES NORMATIVOS DESDE PERÚ1, donde participaron representantes no solo de distintas organizaciones, como Unión Europea, el Proyecto Prevenir de USAID, WCS, OCEANA, LAW OF THE WILD, Panthera y la Secretaría CITES; sino también la Fiscalía Superior Especial de Panamá y el PNUMA.
Gracias a este panel tan diverso, se pudo dar a conocer sobre el trabajo desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que además felicitó esta iniciativa que podrían aprovechar los países de América Latina y el Caribe, e incluso de otras partes del mundo donde también se enfrentan al crimen organizado que trafica fauna silvestre.
El aprendizaje durante el evento no solo era sobre los resultados positivos que se pueden lograr, sino sobre todo sobre los retos y dificultades a las que se puede enfrentar el sistema de justicia de un Estado que quiere luchar con mano dura contra el tráfico de fauna silvestre. Un delito que no solo afecta a la biodiversidad de la Amazonía, sino que mueve miles de millones de dólares cada año, como el tráfico de armas, drogas o personas.
Se puede avanzar mucho y alcanzando resultados e impacto a través del trabajo de los operadores de justicia, gracias a la nueva ley aprobada en Perú, ya que se cuenta con mejores herramientas, así resaltó la Secretaria del convenio CITES ya que las condiciones para investigación de delitos ambientales, son bastante más amplias y complejas, para identificar organizaciones estructuradas, lavado de activos, actos violentos, entre otros. Así se busca no solo identificar a los criminales y castigarlos, sino también buscar reparaciones y hacer más difícil el trabajo y libertades de los criminales.
A partir de este nuevo marco y del trabajo colaborativo entre autoridades de distintos países, se podría identificar con mayor celeridad actividad ilícita transnacional e implementar mecanismos articulados para la lucha contra los delitos ambientales y sobre todo, la prevención de los mismos.
Todos(as) los panelistas coincidieron que esta buena práctica normativa es un ejemplo que los países de la región deben mirar y generar mejores herramientas para enfrentar este delito que se sofistica más y se vuelve más complejo de abordar.
1Esta actividad ha sido realizada en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Proyecto Prevenir de USAID e INL. Su contenido es responsabilidad exclusiva de WCS y no refleja los puntos de vista de las organizaciones donantes.